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/ pp 177-189 / Año 13 Nº24 /
JULIO 2026 – NOVIEMBRE 2026
/ ISSN 2408-4573 / SECCIÓN GENERAL
Desde una perspectiva teórica, estas disonancias pueden interpretarse como efectos del carácter prescriptivo que
asumen muchos dispositivos evaluativos en el nivel superior. Como señala Zabalza (1990), cuando la evaluación se
naturaliza como forma única de verificar aprendizajes, se pierde la posibilidad de construir conocimiento pedagógico
desde la diferencia, la heterogeneidad y la crítica. La evaluación se convierte entonces en un acto de clausura más que
de apertura, en una práctica certificadora más que en una herramienta reflexiva.
Mientras el diagnóstico inicial permitió capturar un abanico amplio de percepciones, emociones, expectativas y
obstáculos concretos, la evaluación institucional se estructuró en torno a una serie de ítems cerrados que direccionan
la respuesta y restringen la posibilidad de matices. Esta diferencia metodológica no es menor: define el tipo de
conocimiento que se produce y el tipo de política educativa que se puede construir a partir de él. Ravela (2022) advierte
que una evaluación centrada en la calificación tiende a inhibir el desarrollo de la autonomía crítica del estudiante,
reproduciendo una lógica jerárquica en la construcción del saber.
Los datos cuantitativos refuerzan esta crítica: si bien el 91% del estudiantado valoró positivamente la metodología y el
93% se sintió acompañado por el equipo docente, ningún ítem indaga cómo fue vivida esa experiencia ni qué obstáculos
persistieron pese a esa guía. Además, más del 80% consideró que los docentes estimularon su participación, pero esta
afirmación no permite comprender qué formas de participación fueron posibles ni cómo fueron interpretadas por los
propios estudiantes.
Más que expresar una oposición entre la lógica de la cátedra y la lógica institucional, las diferencias entre ambos
instrumentos pueden interpretarse como la manifestación de un campo de tensiones propio de las universidades
contemporáneas. En este marco, la distancia entre dispositivos evaluativos no debe leerse exclusivamente como déficit
o malestar, sino como oportunidad para construir un proyecto colectivo de evaluación que articule perspectivas
pedagógicas, institucionales y políticas. La evaluación aparece, así como un espacio potencial de diálogo entre actores,
áreas y niveles de la universidad, y no solo como un mecanismo técnico de control.
Por otro lado, las expectativas iniciales vinculadas al deseo de comprender, al miedo a no estar a la altura, y a la
necesidad de acompañamiento emocional, no encuentran eco en la evaluación final. Así, mientras el diagnóstico
recupera el deseo de aprender y los condicionantes subjetivos que lo atraviesan, la evaluación institucional tiende a
invisibilizarlos bajo el formato de escalas de respuesta.
Esto plantea una tensión ética y epistemológica de fondo: ¿qué se considera importante evaluar en la universidad? ¿A
quién se escucha y a través de qué formas? ¿Qué queda fuera del campo de lo observable cuando sólo se utilizan
formatos estandarizados? En palabras de Santos Guerra (2007), “lo que no se pregunta también comunica: comunica
olvido, desinterés o incomodidad institucional”. Esta omisión se inscribe en una lógica más amplia, que no es ajena al
campo de las políticas públicas. Como bien sostiene Giandomenico Majone (1989), en este campo
“la no decisión es
también una forma de decisión”
: es decir, no hacer nada, no intervenir, no evaluar, también configura una política. En
este caso, dejar fuera ciertas dimensiones del aprendizaje —como las condiciones emocionales, materiales o
relacionales— implica validar, por omisión, una concepción reduccionista de la calidad educativa. La no inclusión de
ciertos aspectos en la evaluación no es neutra: define lo que se considera importante y lo que se margina como
irrelevante.
En este sentido, una de las zonas ciegas más notorias es la ausencia de retroalimentación significativa para el equipo
docente y para el propio estudiantado. La evaluación institucional no genera instancias sistemáticas de devolución
colectiva, ni promueve espacios donde estudiantes y docentes puedan dialogar sobre los resultados, reinterpretarlos y
construir propuestas de mejora conjunta. Esta omisión no es simplemente una falla técnica: configura una práctica
verticalista que obstaculiza la constitución de comunidades pedagógicas democráticas. El saber evaluativo se convierte
así en propiedad de unos pocos, distribuido asimétricamente, sin posibilidad de ser resignificado por quienes lo
encarnan cotidianamente en las aulas.
El contraste entre ambos instrumentos, entonces, no solo permite comprender mejor la experiencia estudiantil desde
múltiples dimensiones —cognitivas, afectivas, institucionales—, sino también visibiliza con claridad las decisiones
políticas implícitas en todo proceso de evaluación. Decisiones que no son neutras, sino que operan como dispositivos
de validación de determinados modos de enseñar y de aprender. En ese marco, se refuerza una racionalidad gerencial
que prioriza la certificación sobre la comprensión, la eficiencia sobre la transformación, y la medición sobre el sentido.
Esta racionalidad, como advierte Foucault (1975/2009), no solo organiza los saberes, sino que también produce los
sujetos que se espera que circulen en la institución: sujetos evaluables, clasificables y funcionales. Romper con esa